El gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía (Sener), anunció que revisará los contratos otorgados a empresas privadas para la explotación de campos petroleros, derivados de la reforma energética de 2013. Aunque estos contratos se respetarán en sus términos originales, se iniciarán conversaciones debido a que su producción ha sido mínima, aportando solo el 6% de la producción nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen 90 contratos vigentes con empresas privadas, otorgados durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Señaló que, aunque se argumentó que estos contratos atraerían inversiones y aumentarían la producción petrolera, en realidad fueron utilizados para obtener ganancias en la bolsa de valores sin invertir en México. Sheinbaum enfatizó que se planteará a estas empresas si están dispuestas a invertir en los campos asignados; de lo contrario, se les solicitará que devuelvan las concesiones.
La secretaria de Energía, Luz María González, presentó el programa de trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) para el periodo 2024-2030, destacando la importancia de las reformas a leyes secundarias para revertir las condiciones desventajosas heredadas de la reforma energética de 2013. Indicó que los cambios legales permitirán a Pemex operar con mayor eficiencia, eliminando barreras y permitiendo una reintegración vertical y horizontal de la empresa.
González también informó que, con la cancelación de contrataciones de mayor deuda de Pemex en el sexenio pasado, se ha logrado reducir la deuda de 116 mil millones de dólares en 2018 a 97 mil millones de dólares en la actualidad. Además, con las reformas legales, Pemex tendrá la facultad de decidir prioritariamente los proyectos de inversión y en cuáles podría realizar proyectos mixtos. No se entregarán más áreas petroleras al sector privado; los bloques seguirán reglas convenidas, pero se hará una revisión en acuerdo con las empresas, buscando mayor beneficio para el país.
Por otro lado, Sheinbaum mencionó que se revisará el personal de confianza de Pemex para adecuarlo a la austeridad republicana, lo que implica también ajustar los salarios de los altos funcionarios de la petrolera.