AL AIRE
Es innegable que con las nuevas vías de participación ciudadana en el ejercicio del gobierno, y con la inclusión en el artículo cuarto constitucional de importantes programas sociales, se están sentando las bases para una democracia más participativa y con mejores resultados en la construcción de un México con justicia social.
Con el ejercicio del mecanismo de consulta popular, y con el ya muy próximo primer ejercicio de revocación/ratificación de mandato a un presidente de la República, a llevarse a cabo el próximo 10 de abril, se fortalece la participación e influencia ciudadana en el ejercicio gubernamental, posibilitando que la ciudadanía tenga la última palabra en decisiones de los poderes públicos sobre temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación, y que ejerza un importante mecanismo de rendición de cuentas al gobierno federal. Con una mayor participación ciudadana, directa e indirecta, es más factible que las decisiones y acciones gubernamentales respondan a las necesidades y demandas de la población, y favorecer así la dimensión de reciprocidad de nuestra democracia, dimensión que para el reconocido politólogo italiano Leonardo Morlino, consiste en la “…capacidad de respuesta de los gobernantes a las demandas de los gobernados” que “…repercute en la satisfacción de los ciudadanos y de la sociedad civil en general”.
Pero también en la dimensión sustantiva, que para el mismo Morlino es aquélla que tiene que ver con la “…progresiva realización de una mayor igualdad política, social y económica”, se ha dado un paso importante para una democracia con justicia social. En efecto, la inclusión de importante programas sociales en nuestra Constitución Política, promovida por el Presidente López Obrador, como son el apoyo económico a personas con alguna discapacidad permanente, la pensión a personas mayores de sesenta y ocho años, y un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, con prioridad a quienes pertenezcan a familias en condición de pobreza, fue una importante decisión gubernamental para mejorar las condiciones de vida de millones de familias, así como para ampliar las oportunidades para niños y jóvenes.
Nos corresponde a la ciudadanía utilizar de manera responsable esos instrumentos de participación ciudadana para hacerlos funcionales a la democracia participativa. Dentro de pocos días, en el ejercicio democrático de revocación/ratificación de mandato, tendremos la oportunidad de ratificar la decisión que tomamos el 1 de julio del 2018, para seguir avanzando en la construcción de un México con justicia social.
