Es indudable que uno de los principales problemas públicos que por muchos años ha afectado de diversas formas y en diferentes ámbitos a la sociedad, es el de la corrupción, y que en una de sus definiciones más conocidas, la de Transparencia Internacional, es el mal uso o abuso del poder público para obtener beneficios privados. Ese terrible cáncer fue haciendo metástasis en las instituciones gubernamentales y públicas de los tres ámbitos de gobierno en nuestro país, y desafortunadamente nuestro estado y algunos de sus municipios no fueron inmunes a esa terrible enfermedad, como lo constatan algunos casos de corrupción que provocaron enormes daños sociales y financieros para los sonorenses, como el de ISSSTESON, en el que por prácticas corruptas en las anteriores administraciones, miles de familias sonorenses no están recibiendo el servicio adecuado de atención a la salud, y cientos de exservidores públicos han resentido los retrasos en los pagos de sus jubilaciones o pensiones. También decisiones que años atrás tomaron algunos ayuntamientos, como las de concesionar, con contratos leoninos, servicios públicos, tuvieron un alto costo para las finanzas públicas municipales, con la consiguiente escasez de recursos financieros para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, drenaje, calles, alumbrado público, etc.
Esas decisiones y acciones con las que algunos gobernantes y funcionarios públicos estatales y municipales obtuvieron un gran beneficio privado, o que beneficiaron en forma excesiva e indebida intereses empresariales, con un elevadísimo costo para el interés público, fueron posibles por los deficientes diseños institucionales. Ante el reciente anuncio del Gobernador Alfonso Durazo, de que el sello de su gobierno será combatir la corrupción a fondo, y para lo cual invita a las autoridades municipales a hacer su parte, es oportuno proponer y discutir algunos ejes básicos para la elaboración de un programa que permita cumplir con ese importante compromiso.
Uno de los principales ejes debe ser el rediseño institucional, orientado a prevenir la corrupción, y para lo cual deberán priorizarse la máxima transparencia y publicidad de los proyectos y las decisiones gubernamentales, antes de su ejecución, así como la participación ciudadana, tanto en su función de denuncia como de decisión. La mejor estrategia contra la corrupción es la de la prevención, pues simple y sencillamente al evitarla también se evitan daños a las finanzas y al interés públicos. No dejamos de reconocer la importancia de la función punitiva en el combate a la corrupción, pero desde el momento en que existen actos de corrupción, y aunque se sancione a los responsables, ya hubo daños sociales y financieros, en muchos de los cuales no hay posibilidad de resarcir el sufrimiento que ocasionan a miles de familias, ni la posibilidad de recuperar el recurso financiero.
Solo con una publicidad oportuna de los proyectos y de cualquier decisión que implique una cantidad considerable de recursos públicos, y con la información suficiente que permita una participación ciudadana informada y efectiva para examinar esos proyectos y decisiones, antes de su implementación, será posible que éstos se justifiquen por un verdadero interés público y que muestre una relación beneficio-costo razonable, pues de no ser así, la ciudadanía podría denunciar las irregularidades que observe, lo que haría posible detener o posponer su ejecución para que se lleve a cabo una investigación por parte de las autoridades competentes.
También es muy importante que la ciudadanía participe en los procesos decisorios, e incluso en algunos casos, como en los proyectos de concesión de servicios públicos, y que por lo regular son muy propensos a la opacidad y la corrupción, es conveniente dejar en sus manos la decisión final, a través de un plebiscito. Esta función decisoria de la participación ciudadana es fundamental para prevenir la corrupción, pues como ya ha quedado demostrado en algunas decisiones gubernamentales, como ha sido el caso de concesiones de servicios públicos, en las que aun cuando ciudadanos y organizaciones sociales han evidenciado graves irregularidades, los gobernantes las han llevado a la práctica. En cambio, cuando los proyectos o decisiones se someten al escrutinio y a la consulta ciudadana, éstos pueden ser detenidos o anulados si se detectan irregularidades, como sucedió en el municipio de Chihuahua, Chih. en el que por un plebiscito llevado a cabo el 24 de noviembre del 2019, se canceló el proyecto de concesión del servicio de alumbrado público que meses antes había acordado el Ayuntamiento, y que presentaba graves irregularidades, e implicaba un enorme daño financiero para las finanzas públicas del municipio, por una cantidad superior a los seis mil millones de pesos.
No cabe duda de que si el Gobernador y los diputados llevan a cabo las reformas institucionales que refuercen la estrategia de prevención de la corrupción, dejarían un importante legado a la sociedad sonorense.
