AL AIRE
El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Ambiente, anunció la puesta en marcha de un plan de manejo para contener la expansión de los hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, el cual incluye la eutanasia de al menos 80 ejemplares.
Esta decisión busca desactivar la bomba ambiental heredada del narcotraficante Pablo Escobar, quien introdujo cuatro especímenes en los años ochenta que hoy se han multiplicado hasta alcanzar una población de entre 160 y 200 individuos.
La medida ha generado un profundo quiebre entre la comunidad científica, que urge acciones inmediatas para proteger los ecosistemas, y organizaciones animalistas que rechazan el sacrificio, en un operativo que costará más de 7,000 millones de pesos.
Investigadores del Instituto Humboldt y expertos de la Universidad Javeriana advierten que, de no aplicarse medidas de control, la población podría superar los 1,000 individuos para el año 2035. Al carecer de depredadores naturales, estos animales alteran los ecosistemas acuáticos al incrementar la carga de materia orgánica en los ríos, lo que reduce el oxígeno disponible y amenaza la supervivencia de especies nativas como el manatí, las nutrias, las tortugas de río y los chigüiros. Aunque sectores animalistas defienden métodos no letales como la esterilización o el traslado, científicos señalan que estas alternativas han sido difíciles de ejecutar y que los costos de manejo y logística son sumamente elevados en cualquier escenario.
La problemática también tiene una vertiente social crítica en regiones como Puerto Triunfo y Doradal, donde muchas comunidades han integrado a los hipopótamos en sus dinámicas económicas a través del turismo y el avistamiento. Sin embargo, esto contrasta con los crecientes riesgos a la seguridad humana, pues aunque no se han registrado víctimas fatales, ya existen reportes de ataques y accidentes.
Germán Jiménez, coordinador de Restauración Ecológica, puntualizó que incluso con la aplicación de la eutanasia, los efectos sobre la población tardarían al menos una década en percibirse, dejando la responsabilidad de esta crisis en manos de la próxima administración gubernamental.
