AL AIRE
La presidenta Claudia Sheinbaum fijó la postura oficial del Gobierno de México frente a las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios. Bajo la premisa de «Verdad, justicia y defensa de la soberanía», la mandataria advirtió que no se permitirá ninguna injerencia extranjera y cuestionó las motivaciones políticas detrás de las imputaciones, especialmente tras la violación de la confidencialidad de la causa por parte de las autoridades estadounidenses.
La presidenta denunció que el Departamento de Justicia hizo públicos documentos que, por tratados internacionales, deben permanecer bajo reserva, como la denominada «Acusación de reemplazo bajo reserva». Esta filtración motivó un extrañamiento formal por parte del área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) precisó que las solicitudes de extradición recibidas no cuentan con elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes sobre los hechos narrados, por lo que la institución ha iniciado una investigación interna para determinar si existen datos de prueba reales que sustenten los cargos bajo la legislación mexicana.
La postura del Gobierno de México se fundamenta en el respeto irrestricto a la jurisdicción y la legalidad nacional, estableciendo que solo se procederá si se encuentran pruebas contundentes e irrefutables que permitan solicitar una orden de aprehensión ante un juez en México. La mandataria señaló que, ante la ausencia de evidencias claras presentadas por Washington, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político. Enfatizó que la soberanía nacional es innegociable y que México mantiene una relación de iguales con todas las naciones, rechazando cualquier forma de subordinación o entreguismo.
Esta crisis ocurre tras la reciente polémica sobre la presencia de agentes de la CIA operando sin autorización en Chihuahua. Sheinbaum Pardo fue categórica al asegurar que su administración no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero subrayó que no permitirá la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que competen exclusivamente al país. La acusación, que surge apenas días después de que el embajador Ronald Johnson exigiera un entorno libre de corrupción en Sinaloa, es vista por el Ejecutivo Federal como una vulneración a las normas procesales y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
